México vivió mucho durante el último semestre de 2006. El inicio de 2007 estuvo cargado de reflexiones y premoniciones en todas las columnas de los diarios. Como era de esperarse, la división política del país fue la temática dominante. Hay otro, sin embargo, el de las estrategias de legitimación y consolidación del nuevo gobierno ante la opinión pública que generaron reflexiones interesantes. Aquí, una de ellas, tomada del Diario
Reforma del día de hoy.
Carmen Aristegui F.
Comandante supremo
Las imágenes del presidente Felipe Calderón vestido con uniforme de campaña, portando una gorra de cinco estrellas y el escudo nacional, esta semana en Apatzingán, no pueden ser ni casuales ni pasar desapercibidas. Son el síntoma de algo grave. El debilitamiento de las fuerzas políticas mexicanas a raíz de una disputa desordenada, intervenida y violenta por la Presidencia de México, no sólo ha dejado al país dividido, sino que ha hecho irrumpir a la estructura militar como la única garante visible de la estabilidad nacional. La notable mayoría de los actos públicos del gobierno federal ha tenido a las Fuerzas Armadas como protagonistas indiscutibles.
Horas antes de que formalmente se realizara la atropellada ceremonia de traspaso de poder en San Lázaro el 1o. de diciembre, los mexicanos vimos, en la madrugada de ese día, una escena que hablaba de la gravedad de la crisis política por la que atravesaba nuestro país en esos momentos, producto de la impugnación electoral. Vicente Fox entregaba la banda presidencial no a un civil legislador, como lo indica la ley, sino la entregaba -con un simbolismo mayúsculo- a un joven cadete del Ejército mexicano. La ceremonia no era ante el Congreso, sino ante las cámaras de televisión. Horas más tarde, nuevamente el Ejército establecía condiciones de seguridad y de contención dentro y fuera de San Lázaro, que hacían pensar más en un estado de sitio que en una ceremonia republicana.
Una vez que Felipe Calderón asumió el mandato como presidente de México, de la manera en que lo asumió, el Ejército no ha abandonado su visible presencia en todos los actos de gobierno. Cuando se informó sobre las primeras acciones que incluían un plan de austeridad para todo el gobierno, tuvo que hacerse un anuncio aparte, horas después, para hablar de la excepción: para el Ejército no habría recortes sino todo lo contrario: se presupuestarían aumentos importantes. Cuando se decidió desmovilizar a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, y encarcelar a quienes apenas unos días antes eran considerados interlocutores, el papel del Ejército fue central. Ahí se vio con mucha claridad la frontera rota, desde hace ya varios años, entre la actividad policiaca y la milicia. Memorable es la fotografía de un soldado que se está quitando su uniforme original para ponerse uno de policía, antes de participar en los operativos.
Están ahí las múltiples denuncias y señalamientos nacionales e internacionales sobre violaciones graves a los derechos humanos, de las que tendrá que hacerse cargo el gobierno de la República. Vino también el anuncio formal de la transferencia de miles de efectivos militares (7 mil 500 militares y 2 mil 500 marinos ya no sólo para incorporarse a distintas unidades policiacas, sino, según se sabe, ahora van agrupaciones navales completas, es decir, mandos incluidos) para fortalecer a los cuerpos policiacos federales y emprender acciones como las vistas en los últimos días en Tijuana y Michoacán. No sólo se han engrosado con militares las corporaciones policiacas, sino que se ha decidido también la concentración de mandos.
El nombramiento de Ardelio Vargas Fosado como comisionado de la Policía Federal Preventiva, y al mismo tiempo como director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), ha preocupado a varios especialistas. Ayer, el periódico La Jornada publicó las declaraciones que el constitucionalista Miguel Ángel Eraña hizo a Laura Poy Solano, en las que establece sus preocupaciones frente a esta medida que consideró ilegal e inconstitucional: imponer un solo mando a los cuerpos de seguridad con este nombramiento es "alentar un régimen de facto de concentración de poder policiaco que violenta la división de poderes y podría convertirse en un leviatán autocrático".
Cabe destacar también la intensa campaña de spots difundidos desde la Presidencia, en la que se destaca a las Fuerzas Armadas como garantes de la legalidad, las instituciones y el orden. ¿Cuántos impactos en radio y televisión se han transmitido con la voz de Felipe Calderón diciendo: "es para mí un honor comandar a una organización militar surgida del pueblo, identificada con el pueblo y consagrada al pueblo..." desde la salutación militar en el Campo Marte, apenas unas horas después de la accidentada llegada al poder? En su conjunto, las acciones gubernamentales colocan al Ejército y a la Marina, en principio, como el eje de la estrategia anticrimen del gobierno de Calderón; es deseable que -una vez echada a andar- arroje resultados positivos para contener y abatir los índices escandalosos de criminalidad relacionados con el narcotráfico y la delincuencia organizada.
Sin embargo, es claro que estamos, fundamentalmente, frente a la columna vertebral de una estrategia de comunicación social, basada no sólo en el recordatorio, sino en la ostentación reiterada del principio del monopolio de la violencia como sostén del ejercicio del poder. ¿Cómo debe entender la sociedad mexicana todos estos mensajes? ¿Qué es exactamente lo que nos quiere decir Felipe Calderón con esta reiterada presencia suya, rodeado permanentemente de militares? ¿Qué le depara a México con un horizonte verde olivo?
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